Austin -- El sistema que utiliza Texas para financiar sus escuelas públicas viola la constitución del estado al no dotarlas de suficiente dinero y no distribuir los recursos de manera equitativa, dictaminó un juez el lunes en un fallo histórico que podría obligar a la Legislatura a restructurar la manera en que sufraga la educación.
Poco después de escuchar las últimas declaraciones, el juez John Dietz dijo que el mecanismo de financiamiento es anticonstitucional.
El juez prometió emitir pronto un fallo pormenorizado por escrito. El juicio tardó más de 240 horas en corte y fueron presentadas 10,000 pruebas documentales para llegar a este punto.
Abogados que representan a alrededor de 600 distritos de escuelas públicas argumentaron el lunes que la forma en que Texas financia sus escuelas es "tristemente inadecuada y está descompuesta sin remedio", al llegar a su fin un extenso caso en el que se vertieron testimonios durante más de 12 semanas.
Al centro de la demanda está un recorte de $5,400 millones a las escuelas y programas de becas impuesto en el 2011 por la Legislatura estatal, aunque los distritos afirman que el simple hecho de restituir esos fondos no será suficiente para corregir un sistema fundamentalmente deficiente.
Hicieron notar que los recortes tienen lugar al mismo tiempo que el estado exige a las escuelas preparar a sus estudiantes para exámenes normalizados cada vez más difíciles y que en el estado se dispara el número de estudiantes de bajos recursos y de aquellos que necesitan instrucción extra para aprender inglés, segmentos para los que cuesta más dar educación.
Texas no tiene un impuesto estatal sobre la renta, lo que significa que depende de los impuestos locales a la propiedad para dotar de fondos a sus escuelas.
Los abogados de los distritos escolares afirman que el 15% más bajo de los distritos más pobres del estado gravan en promedio 8 centavos más que el 15% más rico, pero que aún así reciben alrededor de $43,000 menos por salón de clase.
La fiscalía general del estado que preside Greg Abbott contestó que el sistema recibe un financiamiento adecuado pero que los distritos no siempre gastan su dinero con prudencia.
Se preve que el estado impugne el fallo ante la Suprema Corte de Texas.
Este es el sexto caso de su tipo desde 1984. En el 2005 Dietz concluyó que el anterior sistema de financiaiento era anticonstitucional e instruyó a la Legislatura a idear uno nuevo.
El caso engloba seis demandas presentadas a nombre de casi dos terceras partes de los distritos escolares de Texas, que imparten educación a alrededor del 75% de los 5 millones de alumnos de escuelas públicas. Distritos de las partes pobres y acaudaladas del estado se encuentran del mismo lado.
El sistema texano de dotación de recursos depende mucho de los impuestos a la propiedad y de un esquema tipo "Robin Hood" donde los distritos que tienen los valores prediales más altos o abundantes ingresos tributarios producto del petróleo o gas natural entregan parte de su dinero a los distritos pobres.
Muchos distritos ricos en bienes raíces dicen que aunque están en mejores condiciones que los distritos pobres, el sistema les priva de recursos porque los electores que de otra manera apoyarían aumentos al impuesto sobre la propiedad para dotar de más fondos a sus planteles se niegan a hacerlo sabiendo que gran parte de ese dinero será destinado a otra parte.
Todos los distritos escolares involucrados esgrimieron que el nivel de fondos es inadecuado, independientemente del monto que reciben.
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