Washington -- Un proyecto bipartidista de inmigración que será presentado en breve en el Senado podría excluir de la ciudadanía a cientos de miles de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización, según un ayudante de senador versado en el caso.
El proyecto prohibiría a todo aquel que llegó a Estados Unidos ilegalmente después del 31 de diciembre del 2011 solicitar un permiso de residencia y a la postre la ciudadanía, según el ayudante, que habló a condición de guardar el anonimato porque la propuesta no ha sido hecha pública.
Además, obligaría a los solicitantes a demostrar que estaban en el país antes de la fecha de corte, carecen de antecedentes penales y han trabajado de forma continua o disponen de estabilidad financiera, lo que les permitiría no pedir asistencia pública.
Esos requisitos podrían excluir a centenares de miles, de unos 11 millones que residen ilegalmente en Estados Unidos, del camino hacia la ciudadanía que considera el proyecto, según el ayudante.
Pese a que la entrada de inmigrantes sin permiso legal ha disminuido, decenas de miles siguen llegando cada año, así que muchas personas que hayan arribado después de la fecha podrían quedar excluidas. Ello podría decepcionar a los grupos activistas por la defensa de los inmigrantes, que habían esperado que todas las personas en el país que carecen de autorización para estar en él al momento de adoptarse el proyecto de ley pudieran aspirar a la ciudadanía.
Pero los legisladores republicanos en el grupo que negocia la reforma pidieron un rígido cumplimiento de las normas y la seguridad fronteriza a cambio de respaldar la vía hacia la ciudadanía, a la que se oponen algunos por considerarla una amnistía.
Reacción local
En el Norte de Texas, representantes de Proyecto Inmigrante y Proyecto Unido, organizaciones que abogan por los inmigrantes, esperan que la fecha de corte se pueda renegociar.
"Se aplaude por supuesto el que estén avanzando en este proceso tan complicado, pero el excluir cientos y cientos de inmigrantes de esta reforma migratoria deja un sabor amargo y esperamos que reconsideren", dijo Douglas Interiano, director de Proyecto Inmigrante ICS, organización que presta servicios a inmigrantes en Dallas y Fort Worth.
Sin embargo, añadió que los indocumentados no deben desanimarse, pues es el principio del proceso.
"Rechazamos esa fecha que excluiría a miles de familias, pero también debemos mantener la calma. Hasta no saber más detalles nadie debe sentirse excluido", dijo.
María Robles, coordinadora de Proyecto Unido con sede en Arlington, advirtió que la fecha de corte del 31 de diciembre del 2011, "no solucionaría el problema".
"De nuevo otro sector de la población se queda bajo la sombra", indicó Robles.
Hipólito Gaúna, del grupo comunitario Familia Nuevo León, dijo que le hubiese gustado "que todos los compañeros que vienen a contribuir y a trabajar hubiesen calificado".
Gaúna lamentó la fecha de corte pero dijo que en este caso sería más integral que la de la reforma de 1986, en la cual se exigía haber estado en el país un mínimo de cinco años para calificar.
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