Austin - Un juez declaró una vez más el jueves que el sistema de financiación escolar de Texas es inconstitucional al concluir que, pese a que la Legislatura destinó más de $3,000 millones adicionales a la educación pública el verano pasado, el estado no está asignando los suficientes recursos ni los está distribuyendo equitativamente entre los distritos escolares de zonas afluentes y pobres.
El fallo por escrito del juez de distrito estatal John Dietz reafirma un dictamen verbal que emitió desde la judicatura en febrero de 2013.
En esa fecha declaró que la llamada fórmula de dotación de fondos "Robin Hood" del estado no cumple con el requisito de la constitución de Texas de contar con un sistema eficiente y justo que permita una "difusión general de conocimiento".
También concluyó en esa ocasión que el sistema cobra impuestos prediales locales de una forma que equivale a un impuesto sobre la renta estatal, lo cual también está prohibido por la constitución.
Dietz escribió en el documento de opinión de 21 páginas que "la Legislatura ha incumplido su deber constitucional de dotar adecuadamente de recursos a las escuelas públicas de Texas" y señaló que el sistema no ofrece un "acceso sustancialmente equitativo" a suficientes fondos para la educación.
Casi con toda certeza el dictamen de Dietz será apelado en la Suprema Corte de Texas por el fiscal general del estado Greg Abbott, un proceso que podría tardar meses.
Si el supremo tribunal falla otra vez contra el estado, corresponderá a la Legislatura definir un nuevo método de financiación.
Pero el proceso de apelación podría no terminar sino hasta mucho después de que haya cerrado la sesión legislativa de 2015.
La fiscalía general indicó el jueves que aún no había visto el fallo y que por lo tanto no podía comentar al respecto.
La querella se deriva de que la Legislatura restó $5,400 millones al presupuesto de educación pública en el 2011, lo cual dio pie a más de 600 distritos escolares, responsables de educar a tres cuartas partes de los más de 5 millones de estudiantes en Texas, a interponer una demanda.
En su argumentación afirman que ya no tienen suficientes recursos para educar a los niños.
Señalan asimismo el crecimiento de la matrícula estatal en casi 80,000 alumnos al año debido al crecimiento de la población y las exigencias de la Legislatura de normalizar exámenes y otros requisitos curriculares para graduarse de preparatoria.
Escuelas de zonas afluentes y pobres se hallaron en el mismo lado de la demanda porque el sistema Robin Hood pide que los distritos de alto valor predial o abundantes ingresos producto de intereses en explotación de petróleo o gas entreguen parte de lo que cobran en impuesto predial a los distritos pobres.
Los distritos pobres dijeron que eso no era suficiente, mientras que los distritos acaudalados alegaron que los electores a veces no quieren aprobar aumentos de impuestos --lo que en otras circunstancias sí harían-- porque parte de ese dinero se iría a otras jurisdicciones.
La fiscalía dice que aunque el sistema es imperfecto, no está en una situación insostenible.
Si bien el mismo Abbott está postulado a la gubernatura y no ha argumentado el caso, el dictamen de Dietz por escrito podría hacer de la demanda un tema de campaña. La senadora estatal demócrata Wendy Davis, la oponente de Abbott, dijo que con esa postura el fiscal demuestra que está en contra de la educación.
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