Washington -- La administración Obama emitió discretamente una polémica directriz que podría ayudar a miles de indocumentados evitar una deportación, indicando que las autoridades federales deben dar una consideración especial a los padres al decidir si los detienen o deportan.
También permitiría a algunas personas deportadas regresar a Estados Unidos para asistir a procedimientos judiciales sobre sus derechos como padres.
Los críticos han fustigado esta política como una maniobra de la Casa Blanca para evadir deportaciones. Un encumbrado congresista republicano dijo que esto "envenena el debate" sobre la reforma migratoria. Quienes apoyan la medida afirman que es más humana y evita que los niños vivan experiencias traumáticas y sean colocados en hospicios que pagan los contribuyentes.
No se sabe cuántas personas serían afectadas por la directiva, que surtió efecto desde finales del mes pasado. Pero desde el 2010 el gobierno federal ha ejecutado más de 204,800 deportaciones de padres que decían tener hijos nacidos en Estados Unidos, de acuerdo a documentos obtenidos por el Centro de Estudios Aplicados, un grupo de análisis sobre la justicia racial.
Elizabeth Gómez es una de los muchos niños que han sido separados de sus padres por una deportación. Dice que el gobierno expulsó a su madre en el 2011 tras ser acusada de conducir sin licencia en Georgia.
En el 2006 su madre fue acusada de un delito menor de agresión en Florida pero no fue condenada, según documentos judiciales. El padrastro y hermana menor de Gómez se fueron con su madre en México, dejándola a cargo de su padrino en Ty Ty, Ga.
Gómez dice que optó por quedarse para graduarse de la preparatoria. La joven pasó la última Navidad sola. "Fue una experiencia horrible", dijo Gómez, de 18 años, a quien le fue concedida la residencia permanente legal cuando su madre fue deportada. "Todavía me duele porque esos días ya no se recuperan".
Son los padres quienes ponen en peligro a sus hijos al entrar al país ilegalmente, dijo Bob Dane, vocero de la Federación para la Reforma Migratoria Americana, una organización que apoya una aplicación más rigurosa de las leyes migratorias. "La solución es que los padres inmigrantes ilegales pueden mantener la custodia de sus hijos --completo control sobre sus hijos y el proceso-- si respetan la ley y regresan a sus países si son capturados", dijo. "Nadie está en la frontera diciéndoles 'No pueden irse a su país'".
La administración ha suavizado gradualmente su trato a los padres e inmigrantes como Gómez, que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños. Mientras tanto el gobierno ha desviado sus esfuerzos a deportar a los criminales.
En mayo del 2011, por ejemplo, el presidente Barack Obama dijo que el gobierno estaba concentrando su acción en "infractores violentos y personas condenadas por delitos.... no solo en las familias, no solo en personas que simplemente tratan de ganarse la vida".
Al mes siguiente Inmigración y Aduanas (ICE) circuló un memorando en el que instruía a "ejercer la discreción procesal", diciendo que las autoridades deben dar especial consideración a los padres y a sus hijos. Luego de ese oficio, la directriz que el ICE emitió el 23 de agosto está dirigida a impedir que la dependencia interfiera sin necesidad en los derechos de los padres.
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